En su condición de responsables de la aplicación de los códigos de construcción, de la planeación del uso del suelo y los reglamentos de zonificación, y de la definición de políticas, los funcionarios de gobierno también pueden desempeñar un papel relevante en los proyectos integrales. Asimismo, en ocasiones son dependencias de gobierno las que —en calidad de propietarias— buscan un método de contratación para la ejecución de un proyecto público.
Los funcionarios responsables de la aplicación de los códigos de construcción, así como de la planificación y zonificación, pueden participar tangencialmente en proyectos de diseño y ejecución integrales mediante el proceso de emisión de permisos. A fin de tomar decisiones equilibradas al respecto, es importante tener un profundo conocimiento de los beneficios que las características ecológicas y de desempeño ambiental de una edificación pueden aportar en términos de salud y seguridad públicas. Por otra parte, las dependencias gubernamentales pueden también actuar como propietarios interesados en estrategias de diseño y ejecución integrales para sus proyectos de obra pública. Puesto que la mayor parte de las jurisdicciones tienen políticas que exigen adjudicar los contratos en función de la oferta más baja, corresponde a los responsables de la definición de políticas impulsar la adecuada modificación de tales restricciones. Una opción para eliminar las actuales barreras en los procesos de licitación sería, por ejemplo, fomentar reformas estatales o provinciales con base en una adaptación de la Ley Federal Brooks (Brooks Act) de Estados Unidos —que exige que los contratos sean adjudicados en función de las ventajas competitivas y de calidad, y no del precio—, o bien seguir el ejemplo del estado de Colorado y adoptar un instrumento legislativo que establezca un método de ejecución integral para proyectos públicos (en Colorado, Integrated Delivery Method for Public Projects Act).
"Nos engañamos cuando creemos que el optar por la oferta o cotización más baja representa una manera de aportar valor al proyecto; sin embargo, en muchos sentidos nos vemos obligados a proceder así en virtud de los términos de nuestros contratos y la normativa aplicable." Mark Palmer, ciudad de San Francisco.
Puntos clave:
Los funcionarios responsables de proyectos públicos de edificación podrían estar interesados en las ventajas en materia de valor, calidad, costos y tiempos de ejecución que los propietarios particulares afirman obtener cuando utilizan estrategias de diseño y ejecución integrales. Tal como se describe en Integrated Project Delivery: The Owner’s Perspective [Ejecución integral de proyectos: la perspectiva del propietario], múltiples propietarios de proyectos a diferentes escalas han visto sus proyectos concluir antes de tiempo y por debajo del presupuesto (Ashcraft, 2013). Por ejemplo, el hospital Bellevue en Nueva York se concluyó con tres meses de adelanto y costó 30 millones de dólares menos que los cálculos iniciales del proyecto. Puesto que los intereses del equipo en su conjunto coincidían con los valores y objetivos establecidos conjuntamente para el proyecto, el resultado fue más predecible, y el propietario pudo sentirse más seguro de haber obtenido un proyecto que cumplió con sus necesidades.
Para los funcionarios responsables del cumplimiento de los códigos de construcción, los proyectos integrados ofrecen la oportunidad de aportar sus conocimientos y comentarios al inicio del proceso, de modo que se evita llegar a situaciones o relaciones conflictivas. Cuando los diseñadores y constructores conocen los posibles problemas con que tendrán que navegar en términos de la normativa vigente, disminuye la probabilidad de que más adelante, tras haber invertido dinero y tiempo, sean sorprendidos por una cuestión de conformidad con los códigos de construcción.
La estrategia de construir edificaciones con menor impacto ambiental y mayores ventajas en términos de salud pública ha de resultar pertinente para los funcionarios responsables de la salud y el bienestar públicos. El proceso de armonización de valores, objetivos y metas que esta estrategia entraña (véanse los pasos 1 y 2 de la guía) motiva al equipo del proyecto a considerar la edificación en términos de su potencial máximo, en lugar de ceñirse a un listado de metas de desempeño ambiental de alcance limitado. Este enfoque genera la posibilidad de mejoras cualitativas al proyecto. Por ejemplo, la escuela secundaria Sarah E. Goode STEM Academy alcanzó la certificación LEED Oro, aun si el proyecto se concibió originalmente para alcanzar el nivel Plata. Como integrantes del equipo, los funcionarios gubernamentales pueden contribuir al establecimiento de objetivos y, al mismo tiempo, beneficiarse de las aportaciones creativas e innovadoras del equipo.
Ventajas del diseño y la ejecución integrales:Muchas dependencias gubernamentales exigen que los proyectos de construcción se sujeten a un proceso de licitación pública y seleccionan a los contratistas en función, sobre todo, del costo. Sin embargo, los servicios profesionales —como el contrato del arquitecto— se adjudican a menudo en función de la calidad. Esta estrategia restringe el uso de un solo contrato para ambos servicios, a no ser que ello estuviese prescrito por la normativa aplicable. Una dependencia comprometida con los valores y las ventajas de un proyecto integral quizá pueda encontrar soluciones ante tales limitaciones e incorporar aunque sea algunos aspectos del diseño y la ejecución integrales. Asimismo, ciertos métodos de ejecución alternativos podrían, por ejemplo, estar en conformidad con las disposiciones legales aplicables y al mismo tiempo incorporar principios de la EIP (Gehrig, 2010):
Aun si estas opciones no permiten integrar plenamente los principios del diseño y la ejecución integrales, sí dan lugar a que las utilidades y retribuciones se vinculen al desempeño del proyecto, y en su mayoría confieren la facultad de celebrar un solo contrato. Como alternativa, en ocasiones se tiene la opción de solicitar una variación a las limitaciones contractuales en el entendido de que el proyecto será un proyecto piloto respecto a nuevos procesos (National Association, 2010). Esta medida podría, en última instancia, constituir un referente de concepto o fundamento importante para la adopción de posibles reformas reglamentarias o legales.
Cabe observar, por otro lado, que algunas dependencias públicas no están sujetas a ninguna de las limitaciones de la estrategia tradicional de diseño-licitación-construcción. Entre estas dependencias figuran a veces los servicios o autoridades locales de recursos hídricos y de transporte. Asimismo, algunos estados o provincias —incluidos Colorado y Arizona, en el caso de Estados Unidos— han adoptado leyes que específicamente autorizan proyectos de EIP. Con todo, incluso en los casos en que ninguna de estas opciones sea aplicable, siempre es posible incorporar los aspectos del diseño y la ejecución integrales que tienen que ver con aspectos de comportamiento y actitud, aun cuando se usen contratos más tradicionales. (Véase el estudio de caso: Edificio federal Edith Green-Wendell Wyatt.)
Los proyectos públicos a veces se limitan a un proceso de diseño, licitación y construcción por separado, pero siempre hay opciones para dar la vuelta a esta restricción. Por ejemplo:
