Petición

Resumen del asunto referido en la petición:

El Peticionario asevera que México está omitiendo aplicar de manera efectiva su legislación ambiental respecto de una denuncia popular que entregó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 1995. El Peticionario alega que hay irregularidades de carácter ambiental en la operación por parte de ALCA, S.A. de C.V. (ALCA), una fabrica de material para hacer calzado ubicada en la colonia Santa Isabel Industrial, Delegación Iztapalapa, México D.F., donde vive el Peticionario. Asevera que su salud y la de su familia fueron afectadas por contaminación generada por la empresa. La petición afirma que la empresa ALCA está omitiendo cumplir con el artículo 150 de la Ley General del Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente respecto de la gestión de los residuos peligrosos de la fabrica, y que la autoridad ambiental esta haciendo falta en la aplicación, respecto de ALCA, del artículo 414, párrafo primero y del artículo 415 del Código Penal Federal que establecen penas de prisión y multas para omisiones en la gestión de sustancias consideradas peligrosas que resultan en daños ambientales.

Resumen de la respuesta proporcionada por la Parte:

Respecto de la denuncia popular interpuesta en 1995, en la cual el Peticionario alegó violaciones por parte de Alca al artículo 150 de la LGEEPA, la Parte afirma en su respuesta que el expediente correspondiente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente («Profepa») se concluyó conforme a derecho. Informa también que el expediente se perdió debido a una inundación en el archivo muerto de la Profepa, pero señala que de dicha denuncia popular no se desprendió ninguna averiguación previa. Respecto de otra denuncia popular, interpuesta por el Peticionario en 2000, la Parte afirma que se concluyó el expediente con la emisión de una resolución administrativa sancionando a Alca con una multa de $2 mil 421 pesos. En cuanto a las presuntas violaciones por parte de Alca al artículo 415 párrafo 1 del Código Penal Federal, la Parte afirma que, de acuerdo con una opinión técnica de agentes del Ministerio Público, no se encontró plenamente acreditado el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad de los inculpados «ya que de las actuaciones se deduce que aun cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito, también lo es que resulta imposible su existencia por obstáculo material insuperable, ya que las pruebas aportadas son insuficientes para tenerlos acreditados.» Con relación a procedimientos iniciados por el Peticionario en contra de funcionarios de la Profepa, México afirma que estos fueron concluidos sin emitir sanción alguna, toda vez que no se encontraron elementos suficientes que acreditaran la presunta responsabilidad de los servidores públicos. La Parte afirma que no puede emitir más información sobre estos procedimientos, debido a que ésta ha sido clasificada como reservada por el órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Nombre y cita de la ley ambiental en cuestión:

Artículo 150 de la Ley General del Equilíbrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Artículo 414, párrafo primero y el artículo 415 del Código Penal Federal

Peticionario(s):

Angel Lara García